Trata de personas en Colombia: del dicho al hecho hay mucho trecho

Columna de opinión publicada originalmente en el diario colombiano El Espectador, el 4 de agosto de 2014

Por. Ariadna Tovar Ramírez- Directora legal y de incidencia, Women’s Link Worldwide- oficina Bogotá
Alianza colombiana contra la Trata de Personas*

A propósito del primer día mundial de lucha en contra de la trata recientemente celebrado, es importante revisar qué está haciendo el Estado colombiano para restablecer los derechos de quienes han sido víctimas de este flagelo.

Si bien se vanagloria de ser líder en la región en la lucha contra la trata de personas, las deficiencias que presenta el recientemente expedido decreto 1069 de 2014, que regula la atención a las víctimas de trata, no lo dejan bien posicionado en la medida en que no garantiza un tratamiento digno para estas personas ni les permite restablecer sus proyectos de vida.

Uno de los puntos débiles de la regulación es que la atención de emergencia, que debería brindarse tan pronto se identifique una víctima, es de cinco días incluidos los fines de semana y festivos. De acuerdo a la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil que prestan atención directa a las víctimas, este es un periodo insuficiente para estabilizar física y emocionalmente a una persona que ha sufrido violencia sexual, abusos físicos, violencia verbal, tortura y tratos inhumanos, confinamiento y amenazas contra su familia, entre otros.

Así mismo, el decreto establece un término de seis meses para la atención mediata, es decir aquella que busca darle a la persona herramientas, como formación educativa o programas para la reinserción laboral, que le permitan afrontar aquellas vulnerabilidades que la llevaron a ser víctima de trata y restablecer su proyecto de vida. Para personas que han estado desvinculadas de sus lugares de origen durante periodos prolongados, a causa de su explotación a manos de redes de trata, y que antes de su captación seguramente añoraban un trabajo para sostener a su familia o dinero para iniciar sus proyectos educativos, ¿es sensato pensar que en seis meses van a encontrar verdaderas oportunidades educativas o laborales? La experiencia muestra que sin un acompañamiento adecuado y prolongado, estas personas pueden caer nuevamente en las redes de la trata.

Las dificultades en la atención inmediata y mediata de víctimas se agravan si se tiene en cuenta que la misma se encuentra a cargo de Comités Departamentales, Municipales y Distritales. No todos estos Comités han sido creados, y en muchos de los que ya lo están, no existe compromiso con el tema de parte de las entidades que los conforman, o se han mostrado insuficientes para la prestación de servicios.

Otro de los puntos cuestionables tanto de la ley 985 de 2005, como el decreto 1069 de 2014 que la regula, es que establece la obligación de denunciar el delito para recibir atención mediata. Esta imposición no tiene en cuenta que las personas no denuncian por miedo a las represalías de los tratantes contra sus familias o que, si denuncian, los organismos de seguridad del Estado no le ofrecen protección. A lo sumo, cuando les conceden la protección, les piden que miren bien antes de abrir la puerta de su casa o que no le abran a desconocidos. En otras ocasiones, las personas no tienen información sobre quién exactamente es su tratante, por lo cual la atención para el restablecimiento de sus derechos no puede estar supeditada al éxito del proceso penal.

La imposición de la denuncia para recibir ayuda también genera un trato diferenciado frente a personas que han sufrido otras vulneraciones de derechos humanos. Mientras que en otras situaciones, piénsese el desplazamiento forzado, por ejemplo, se exige una declaración administrativa para acceder a la atención, a quienes sufren la trata se les impone denunciar a riesgo de la muerte o daños a sus hijos y familia en general. La desventaja es tal que funcionarios del Estado les proponen pasarlos como víctimas de otra vulneración que hayan sufrido, como desplazamiento, para evitarse la difícil ruta de atención a víctimas de trata y, de esta manera, lograr que reciban atención más rápidamente.

Las personas que han sufrido la trata no son ciudadanas de segunda clase ni víctimas de menor nivel que las de otras violaciones de derechos humanos. Ni el Estado ni la sociedad pueden cegarse a esta indesable realidad que viven niñas y mujeres que han sido trasladadas del campo a la ciudad con la promesa de recibir educación, pero lo único que reciben es golpes, encierro y sometimiento; o que viven personas que son trasladadas a mendigar en las ciudades y deben entregar su producido al tratante; u hombres y mujeres que son captados bajo la promesa de un trabajo y terminan esclavizados en el país o fuera de él. Cada una de estas personas tiene derecho a recibir la mejor atención de urgencia y mediata para restablecer sus derechos y retomar su vida; tiene derecho a que se le dé las herramientas para pasar de ser una víctima a identificarse como una sobreviviente. La atención no puede depender del azar, la suerte o lo que escasamente puedan hacer las organizaciones de la sociedad civil. La atención integral y el restablecimiento de los derechos de quienes han padecido la trata de personas es una obligación del Estado.

 

* La Alianza contra la trata de Personas en Colombia es una red de 23 organizaciones colombianas de la sociedad civil que trabajan, desde diferentes perspectivas (legal, atención directa a víctimas de trata), para que el Estado garantice los derechos de las víctimas de trata de personas en el país. 

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