Mujeres sin país

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Por: Martha Hernández*

Juliana nació en República Dominicana, tal y como consta en su acta de nacimiento. Ahí ha vivido toda su vida. Ahí nacieron y se han criado sus cuatro hijos menores de edad.

En el año 2008 solicitó su cédula de identidad y electoral, lo que requería la presentación de su acta de nacimiento, pero a la fecha aún no tiene su documento, pues lo que parecía un “simple trámite” se ha convertido en un calvario con implicaciones no solo para ella sino también para toda una comunidad.

En medio del trámite le retuvieron el acta de nacimiento con base en sus apellidos haitianos y a que es hija de inmigrantes en situación irregular.Con la esperanza de recuperar esta documentación y de obtener finalmente su cédula interpuso una demanda ante los tribunales. Pero sus alegaciones fueron desestimadas bajo el argumento de que no aportó el acta original, sino una mera fotocopia.

El juez que resolvió el asunto en ningún momento abordó el fondo del asunto –el rechazo del trámite de obtención de la cédula por su origen haitiano– sino que se escudó en un mero requisito formal para denegarle a Juliana su petición.

Debido a lo injustificado de la negativa, Juliana continuó su cruzada ante los tribunales presentando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional dominicano. En una decisión claramente discriminatoria y atentatoria de los derechos adquiridos de la solicitante y de miles de hombres y mujeres dominicanas de origen haitiano (la número 168/2013), el Tribunal decidió no otorgar la cédula a Juliana y, dando un paso más, ordenó desnacionalizar a todos los dominicanos hijos de haitianos en tránsito registrados como nacionales dominicanos desde 1929.

Es decir, el Tribunal despojó de su condición de ciudadanía a toda una generación de dominicanos y dominicanas hijos de padres haitianos, así como a todas las generaciones descendientes de ellos. Además, el Tribunal ratificó este mismo criterio en ocho decisiones posteriores, contribuyendo a la perpetuación de la discriminación y desconocimiento de derechos fundamentales de los afectados.

Esta decisión tiene efectos devastadoras no solo para Juliana Deguis, madre cabeza de familia, y para sus hijos menores, sino también para miles de dominicanos y dominicanas hijos e hijas de haitianos, quienes han nacido, crecido y se identifican como dominicanos, y que mayoritariamente, tal como Juliana, nunca han puesto un pie en Haití.

La decisión les arrebata derechos ya adquiridos, civiles y políticos -como la nacionalidad y la ciudadanía- con todas las consecuencias que ello implica, y les impide el ejercicio de otros como el acceso a la educación, a la salud y, en definitiva, de cualquier derecho que requiera la presentación del documento de identidad. Y todo ello sin la posibilidad de acudir ante instancia judicial nacional alguna para que sus derechos sean garantizados, ya que al no ser reconocidos como nacionales no tienen ningún vínculo jurídico con el Estado que les permita exigirle protección.

Antecedentes funestos

En el contexto dominicano imperade vieja data una situación de discriminación estructural contra haitianos y dominicanos de origen haitiano, acentuada por un contexto general de desigualdad y marginalidad. La mayoría de dominicanos de ascendencia haitiana viven en condiciones de precariedad en zonas denominadas bateyes (campamentos agrícolas) donde el acceso a servicios públicos básicos es escaso y las vías que los conectan con la ciudad están en pésimo estado, incluso en temporadas lluviosas se imposibilita la comunicación por varios días entre los bateyes y las ciudades.

El 28 de mayo de 2002, en su informe rendido ante las Naciones Unidas, el mismo Estado dominicano expresó que su mayor preocupación “es combatir la exclusión y la desigualdad social, buscando mecanismos para integrar la sociedad en su totalidad y dejar definitivamente en el pasado las viejas prácticas anti haitianas”.

Sin embargo, otros casos judiciales con características similares al de Juliana Deguis, permiten ver que pese a este pronunciamiento, la discriminación se mantiene. Un ejemplo es el caso de las niñas Yean y Bosico, menores dominicanas cuyo caso llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2003por denegación de la nacionalidad y del derecho a la educación. En esta ocasión la misma Corte Interamericana se refirió a las deportaciones de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, efectuadas en la isla dominicana, señalando que se dieron en un contexto donde se les negaba la posibilidad de obtener documentación para comprobar su nacionalidad dominicana.

La discriminación de género que subyace en este tipo de decisiones

Decisiones como la de Juliana Deguis que obviamente afectan a la sociedad dominicana de origen haitiano en su conjunto, deben ser también leídas desde una perspectiva de género. Esto es, teniendo en cuenta el impacto diferenciado que la misma tendrá hacia las mujeres afectadas.

A pesar de que la República Dominicana ha ratificado instrumentos internacionales de protección de las mujeres como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como “Belem do Pará”) y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (en sus siglas en inglés “CEDAW”) todavía las mujeres dominicanas –y especialmente las afro-dominicanas y dominicanas de origen haitiano– siguen sufriendo discriminación de género y altos índices de violencia de género. Esta decisión únicamente acentúa e incrementa esta situación de exclusión social, como se verá a continuación.

La afectación de forma diferenciada a las mujeres de ascendencia haitiana es clara. A modo de ejemplo, la pérdida de sus derechos como ciudadanas incrementará su situación de mayor vulnerabilidad para ser víctimas de violencia basada en género y todo tipo de abuso y violencia sexual, frente a la cual no podrán acceder a la justicia ni denunciar a las autoridades por miedo a ser deportadas. También las afectará de manera particularizada en lo que se refiere a sus derechos a la salud sexual y reproductiva (consultas durante el embarazo, el parto y el postparto, el acceso a anticonceptivos etc.) por temor a sufrir represalias en caso de acudir a los centros de salud. En definitiva,esta decisión acentuará el rechazo e invisibilización de estas mujeres, privándolas del derecho a una vida digna libre de discriminación.

Por su carácter discriminatorio y la clara vulneración de los derechos fundamentales que provoca, especialmente en la vida de las mujeres por el mero hecho de serlo, las decisiones judiciales como ésta deben ser denunciadas públicamente por la sociedad civil para exigir a los jueces y juezas pronunciamientos que respeten la dignidad y los derechos humanos de todas las personas.Es por ello que en esta edición 2014 de los Premios Género y Justicia al Descubierto, le he dado mi voto al  Caso Deguis para que reciba el Premio Garrote del Público a la decisión judicial más discriminatoria, retrógrada y sexista.

 

* Martha Hernández es abogada con maestría en derechos humanos. Entre el 7 de enero y 30 de abril de 2014 hizo su pasantía en Women’s Link, en donde estuvo a cargo de analizar diferentes decisiones judiciales para el Observatorio de Género y Justicia, entre ellas el caso Juliana Deguis. La injusticia que subyace a este caso fue el incentivo para que Martha se animara a escribir y para buscar que los jueces y juezas que la dictaron reciban, si es posible, el premio garrote –la reprimenda social–  en los Premios Género y Justicia al Descubierto 2014.

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