La violencia sexual en las escuelas bolivianas: el incumplimiento de la obligación ante la tortura

Hace 14 años, Patricia Flores, una niña de diez años que fue secuestrada, golpeada, violada y asesinada en la escuela pública. Su cuerpo fue hallado por accidente cinco días después por un empleado de la escuela en la bodega de almacenamiento. En 2009, diez años después, la Corte Suprema de Bolivia declaró nulo el caso, incluyendo la fase de investigación, lo que permitió que el principal sospechoso del caso permaneciera en libertad. A la fecha, la familia de la niña sigue buscando justicia y que se conozca la verdad que rodea el brutal asesinato ocurrido en 1999.

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la violencia sexual en establecimientos educativos se inserta en un “marco de dinámicas de poder construidas sobre diferencias de género y/o edad en medio de estructuras muy jerarquizadas”. Factores adicionales como la pobreza, la desigualdad, la discapacidad y la pertenencia a minorías étnicas, se intersectan con la edad y el género, lo que hace que la relación sea aún más desigual y exponiendo a niñas y mujeres jóvenes que pertenecen a estos grupos a un mayor riesgo de que sus derechos sean violados. De manera alarmante, la mayoría de los autores de actos de violencia sexual en las escuelas son profesores y estudiantes hombres; y las niñas y mujeres jóvenes las víctimas. Sin importar si el autor es profesor o estudiante, la responsabilidad del Estado está comprometida.

En las instituciones educativas, los padres confían sus niñas al Estado y sus funcionarios con la expectativa legítima de que sus hijas reciban cuidado, educación y lo que es más importante, estén libres de violencia. Se trata de una relación de fe y confianza. Implica una obligación por parte de agentes estatales para garantizar la protección contra las violaciones de los derechos humanos, incluido el derecho a estar libre de malos tratos y torturas.

En este contexto en el que confluyen derechos y deberes tales como: la protección que debe otorgarse a niñas, el derecho a no ser discriminadas, a estar libres de violencia y a la educación; es en el que se produce la violencia sexual en instituciones educativas, que sin importar si incluyen o no una violación, debería ser considerada prima facie como una forma de tortura. Por lo tanto, al evaluar la gravedad del delito debe prestarse especial atención a la vulnerabilidad de la víctima, en este caso niñas jóvenes, el sistema jerárquico dentro de la institución educativa y el control de los maestros y personal sobre los niños.

En este contexto, en mayo del año pasado, el Comité contra la Tortua, instó a Estado boliviano a tomar medidas para prevenir y responder de manera adecuada a los casos de abuso sexual en los colegios, incluyendo la investigación de los siniestros y la compilación de información sobre el nivel de ocurrencia. Las víctimas y sus familias deben poder acceder a la justicia y a reparaciones, y a servicios de salud especializados, entre ellos la planificación familiar y el diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual, entre otros. El Estado, sea dicho, debe garantizar que los responsables de la muerte de Patricia sean llevados ante la justicia y sancionados adecuadamente. También añadió que seguiría con atención el caso de Patricia, que se encuentra actualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, al declarar sobre la importancia de la educación ha señalado que “una mente bien educada, inteligente y activa, capaz de libertad y amplitud, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana”. A Patricia no solo se le negó esa posibilidad, sino que fue violada y, finalmente, su vida y su futuro le fueron arrebatos por personas, hasta ahora, desconocidas. Así como Nora Sveaass, miembro del Comité contra la Tortura y ponente en Bolivia, le preguntó al Estado boliviano: “¿Qué puede hacer el Estado para realmente garantizar (el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura) que las niñas de Bolivia están seguras en la escuela?” Esperemos que los que tienen el poder para hacerlo impidan la repetición de estos actos atroces y que se acuerdan de Patricia y del resto de las niñas y jóvenes al momento de examinar el alcance de la aplicación de la prohibición de la tortura.

Sarah Houlihan presentó el informe sombra elaborado por Mujeres Link Worldwide y la organización boliviana FUNDERES, ante el Comité contra la Tortura en Ginebra el 15 de mayo de 2013. Las observaciones finales del Comité a Bolivia fueron publicadas el 31 de mayo de 2013.

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