La prohibición absoluta del aborto: una disyuntiva legal y ética para la comunidad médica

Publicado anteriormente en Boletín Federación Latinoamericana de Sociedad de Obstetrícia y Ginecología (Flasog) 

Beatriz, una mujer salvadoreña de 22 años que padecía lupus eritomatoso sistémico y una insuficiencia renal grave, estuvo durante varias semanas en peligro de muerte porque no se le ofrecía la atención integral que necesitaba debido a que estaba embarazada y no se le podía practicar un aborto terapéutico debido a la prohibición existente en su país. Su caso muestra cómo las legislaciones que prohíben totalmente el aborto no sólo tienen un impacto real y doloroso en la vida de las mujeres y sus familias (que en esta situación particular implicaban dejar huérfana a su hija) sino que también impiden el ejercicio idóneo de la profesión médica.

En efecto, las legislaciones totalmente prohibitivas no sólo obligan a las mujeres y niñas a escoger entre perder la vida o irse a la cárcel, sino que imponen a los profesionales de la salud una disyuntiva: exponerse a una sanción penal por realizar un aborto que salvará la vida de la mujer, o enfrentar cargos de homicidio por omisión al no cumplir con los estándares de la profesión que les exigen salvar la vida de su paciente.

En casos como el de Beatriz, ¿quién es el paciente?, ¿la mujer o el ser en gestación? En una sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la prohibición de la fertilización in vitro en Costa Rica[i] como una medida para proteger la vida desde la concepción, quedó claro, para efectos jurídicos, que hasta el nacimiento, la forma de proteger efectivamente al concebido es garantizando los derechos de la mujer. Por lo tanto, en el ámbito de la salud de las mujeres embarazadas, la paciente por definición es la mujer y no el embrión o feto, y el Estado puede tomar medidas para proteger la vida del no nacido siempre que éstas no desconozcan los derechos de la mujer. Adicionalmente, hay que recordar que al hacer el juramento hipocrático, los profesionales de la salud se comprometen a ejercer la profesión a conciencia y a velar ante todo por la salud de su paciente, es decir, la mujer embarazada.

Frente a una paciente que puede perder la vida por el agravamiento de su estado de salud, derivado del embarazo, la labor del profesional médico -desde el punto de vista ético y legal-, es la de tomar todas las medidas para garantizarle la vida , incluyendo la interrupción del embarazo como parte del tratamiento. No hacerlo, cobijándose en la penalización absoluta del aborto, va en contra de los derechos humanos y fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la salud y a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, reconocidos en los tratados internacionales.

LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES EMBARAZADAS POR PARTE
DE LOS(AS) PROFESIONALES DE LA
SALUD, NO PUEDE ESTAR SOMETIDA A LA
INSEGURIDAD CREADA POR LAS NORMAS
PROVENIENTES DEL ESTADO.

Aunque la realización de un aborto permitiría salvar la vida de las mujeres que lo necesitan y proteger sus derechos, es comprensible que los médicos y las médicas se sientan atemorizados(as) ante la legislación que los amenaza con enviarlos a la cárcel si salvan la vida de su paciente con la realización de una interrupción del embarazo. Sin embargo, es importante enfatizar que al no realizar una interrupción del embarazo, el personal médico también puede incurrir en el delito de homicidio por omisión, es decir una situación en la que se le imputa el resultado (la muerte) a quien teniendo el deber de proteger a otra persona (médico) no actúa (no realiza la interrupción del embarazo que evitaría la muerte).

No obstante que en los casos en que la prohibición del aborto proviene de la misma norma penal que castiga la comisión de homicidios por omisión y, en este sentido, existirían argumentos de defensa para profesionales de la salud, lo cierto es que éstos no deberían quedar expuestos a la carga que implica defenderse en un eventual juicio penal por la pérdida de vida de su paciente. El Estado no puede imponerle a los(as) profesionales de la salud cargas de tal magnitud que impidan la realización de su trabajo de forma idónea y que, además, los exponga a participar de una vulneración de derechos humanos y en la comisión de un delito.

Si bien la obligación de revisar la prohibición absoluta del aborto recae en el Estado, los(as) profesionales de la salud y las asociaciones médicas tienen una labor fundamental en el respaldo y promoción de una legislación menos restrictiva que les permita ejercer su labor de forma idónea de acuerdo con las normas de derechos humanos.

En el caso de Beatriz, el 29 de mayo de 2013, la Corte Interamericana, mediante medidas provisionales, requirió a El Salvador para que garantizara, de manera urgente, que el grupo médico tratante pudiera adoptar, sin interferencia alguna, las medidas médicas que consideraran oportunas y convenientes para asegurar la protección de sus derechos.

La garantía de los derechos de las mujeres embarazadas por parte de los(as) profesionales de la salud, no puede estar sometida a la inseguridad creada por las normas provenientes del Estado. El caso de Beatriz debería ser el último en que se ponga en riesgo la vida de una mujer embarazada porque no se le puede practicar un aborto, y el último en que los(as) médicos(as) deban escoger entre exponerse penalmente por practicar un aborto terapéutico o incurrir en el delito de homicidio por omisión.


[i] Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012, noviembre), Sentencias, “Sentencia Caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica”, San José.

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