Prometo “[g]uardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente…”

El juramento hecho por los profesionales de la salud, de guardar en todo momento, aun incluso después de la muerte de su paciente, la confidencialidad de la información de éste, es una obligación ética que guía el ejercicio de la profesión, basada en los principios de autonomía del paciente, el respeto de los demás y la confianza[1].  La información o datos que reciben los y las profesionales de la salud derivados de su relación médico – paciente pertenece estrictamente a esta última persona, por lo que corresponde a ella, sin interferencias de ningún tipo, determinar quién puede conocerla; ello incluye no sólo la información médica, sino todo tipo de información personal que los y las profesionales de la salud, así como el personal administrativo de los servicios de salud, conozcan.

La existencia de la obligación ética de mantener la confidencialidad, tiene una especial conexión con la garantía de los derechos humanos, pues su violación puede implicar una grave repercusión en los derechos de las personas que acuden a los servicios de salud. Es clara la asociación entre el ejercicio de las profesiones sanitarias y los derechos a la vida y la integridad personal, pero adicionalmente, en el ejercicio cotidiano de la profesión pueden resultar afectados otros derechos como la libertad personal, la honra y la dignidad, la igualdad y a la intimidad, así como los sexuales y reproductivos.

La obligación ética de mantener la confidencialidad de la información, ha sido entonces, también reconocida como una obligación en derecho. Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “la información que el médico obtiene en ejercicio de su profesión se encuentra privilegiada por el secreto profesional.”[2]

Dado que además de ser una obligación del personal sanitario, guardar el secreto profesional también es un derecho para el personal médico[3], los Estados pueden establecer regulaciones sobre en qué casos excepcionales  sería justificable para el profesional de la salud  revelar el secreto, siempre que con ello no se desconozca su existencia como derecho, se persiga su ejercicio legítimo o se vacíe de contenido. Así, el Comité de Derechos Humanos ha recomendado la protección del “carácter confidencial de la información médica”[4] y ha expresado su preocupación por los casos de ruptura del secreto profesional de médicos y personal administrativo de centros sanitarios que han denunciado penalmente a mujeres por realizarse abortos.[5]

Igualmente, tanto el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad[6], así como el reconocimiento explícito del derecho y obligación de guardar el secreto profesional médico se encuentran reconocidos constitucionalmente en varios de los países de la región de América Latina[7], por lo que las regulaciones de tipo legislativo y administrativo sobre el tema, deben estar acordes con el marco internacional de derechos humanos y el interno constitucional.

No es de poca importancia el impacto que la violación del secreto profesional puede tener en la vida de una persona como lo muestra el caso de Alba Lucía Rodríguez, una joven mujer campesina colombiana que en 1996 tuvo un parto sin atención médica en el que murió el bebé, y que fue condenada en 1997 a 42 años y 6 meses de prisión por homicidio, con base en testimonios que rompían el secreto profesional del personal médico que la atendió y en una indebida valoración de las pruebas. Tuvieron que pasar 4 años, hasta que en 2002, la Corte Suprema de Justicia (máxima autoridad judicial en asuntos penales), casó la sentencia condenatoria, es decir, la dejó sin efecto, entre otros vicios, porque fue dictada sobre la base de la violación del secreto profesional.

El Estado colombiano acaba de pedirle perdón público a Alba Lucía porque “fue sometida a un proceso discriminatorio por su género y su condición social”[8]. Tal vez si el personal sanitario hubiera honrado su obligación ética y legal de guardar el secreto profesional, Alba Lucía nunca hubiera tenido que vivir tantos años de sufrimiento e injusticia.

No obstante el ejemplo de violación de derechos en el caso de Alba Lucía, subsisten otros casos de violación a derechos humanos y fundamentales de las mujeres derivados de comportamientos antiéticos e ilegales del personal médico como la ruptura del secreto profesional. Es el caso de Mary, una mujer salvadoreña de 28 años que fue denunciada penalmente por el personal médico que le brindó atención post-aborto y quien fue esposada a la camilla en la que era atendida por la policía[9] o la de una mujer víctima de trata de personas, que quedó embarazada como resultado de la explotación sexual y solicitó un aborto de acuerdo con la ley argentina, pero el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, anunció públicamente el día y lugar de la intervención, de modo que un grupo de personas logró detener la intervención cuando la mujer ya se encontraba en el quirófano[10]. En ambos casos, hubo una actuación ilegítima del personal médico que reveló el secreto profesional, y en el segundo, además, una conducta de violación al marco internacional de derechos humanos por parte de un funcionario público, que obtuvo información confidencial de la paciente y luego la usó con un fin ilegal, es decir, la de imponer su punto de vista personal por encima de la ley.

No sobra recordar que recientemente el Relator Especial de Naciones Unidas para la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, señaló que la ruptura del secreto profesional médico mediante la denuncia de mujeres que requieren atención en salud reproductiva, es una práctica que implica que puede causarles graves y duraderos sufrimientos, y por lo tanto, puede ser considerada como tortura o malos tratos[11].

Por lo tanto, el personal de salud debe estar muy atento a cumplir con los estándares éticos y legales de la profesión médica, y debe ser consciente que el desconocimiento de dichos deberes puede implicar no sólo su responsabilidad ética, civil e incluso penal, sino también una violación de los derechos de la mujer o niña que acude en búsqueda de atención médica, que puede llegar incluso a considerarse como tortura.


[1] Ibídem, p. 51

[2] Corte IDH, Caso De la Cruz Flores vs. Perú. Sentencia de 18 de noviembre de  2004 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 97

[3] Ver, ibídem, p. 101.

[4] Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, Chile, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.104 (1999), http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/spanish/chile1999.html

[5] Comité de Derechos Humanos de la ONU, Concluding observations of the Human Rights Committee,            El Salvador, CCPR/C/SLV/CO/6, párr. 10

[6] A título de ejemplo ver: artículo 44 de la Constitución de República Dominicana, artículo 2 de la Constitución de El Salvador, artículo 26 de la Constitución de Nicaragua, artículo 66 de la Constitución de Ecuador, artículo 15 de la Constitución de Colombia.

[7] A título de ejemplo, artículo 20 de la Constitución de Ecuador, artículo 74 de la Constitución de Colombia, artículo 2, numeral 18 de la Constitución de Perú.

[9] Center for Reproductive Rights Implores the Inter-American Commission on Human Rights to Address the Extent to Which El Salvador’s Absolute Abortion Law Criminalizes Women: http://reproductiverights.org/en/press-room/center-for-reproductive-rights-implores-the-inter-american-commission-on-human-rights-to-

[10] Ultracatólicos argentinos impiden un aborto con la mujer ya en el quirófano: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/12/actualidad/1350066593_617358.html

[11] Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez. A/HRC/22/53, 1 de febrero de 2013, párr. 45 y 46. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf

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