La información incorrecta pone en riesgo la vida de las mujeres y niñas colombianas

Por: Santiago Pardo Rodríguez y Ariadna Tovar Ramírez

Las declaraciones a los medios de comunicación de la Consejera de Estado María Claudia Rojas Lasso a propósito de la sentencia del 13 de marzo de este año que anuló el decreto 4444 de 2006 que regulaba la prestación del servicio de salud de Interrupción Voluntaria del Embarazo – IVE, además de ser incorrectas, ponen en riesgo, incluso de muerte, a las mujeres y niñas colombianas, que requieren una IVE.

La Consejera, sin sustento alguno, afirmó que:

•          El Estado colombiano no está obligado a ofrecer servicios de salud para la IVE.

•          Estos servicios no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS)

•          No existen normas que regulen la objeción de conciencia.

•          Se debe presentar una tutela para acceder a una IVE.

Las anteriores afirmaciones son totalmente equivocadas, no sólo crean confusión entre la ciudadanía en general, y las mujeres y niñas que requieren una IVE, sino que las mismas, la Magistrada respalda las barreras ilegales existentes en el sistema de salud que obligan muchas veces, a mujeres y niñas a exponer su vida y su salud en Interrupciones del Embarazo que a pesar de ser legales, se realizan en condiciones clandestinas o de inseguridad.

Es paradójico que la Magistrada emita información incorrecta, en aspectos sobre los que el Procurador General de la Nación y dos de sus Delegadas también realizaron declaraciones falaces; pronunciamientos que la Corte Constitucional en sentencia T – 627 de 2012, ordenó rectificar por ser violatorios de derechos fundamentales.

Los agentes del Estado, como la Magistrada, tienen la obligación de hacer pronunciamientos veraces y que respeten los derechos fundamentales. Ya que las afirmaciones de la Consejera Rojas Lasso no cumplen con ser veraces y no respetan los derechos humanos y fundamentales de las mujeres y niñas colombianas a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la igualdad y a no ser discriminadas, a estar libres de toda forma de violencia, y a no estar sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, hoy, mediante una petición escrita que remitimos a la Magistrada, le solicitamos rectificar sus declaraciones.

La Consejera tiene, de acuerdo con la ley, un plazo de 15 días, contados a partir de mañana, para responder a nuestra petición. 

Si usted también quiere solicitarle a la Magistrada que rectifique sus declaraciones, aquí encontrara una guía de petición. Puede enviar su escrito a la Magistrada, a la siguiente dirección: Palacio de Justicia, Calle 12 No. 7-65 Bogotá D.C., Despacho de la Consejera María Claudia Rojas Lasso o llevarla a la oficina de correspondencia del Consejo de Estado, que está en esa misma dirección.

Si quiere tener información sobre el seguimiento o los resultados de esta petición, por favor envíenos sus datos a: womenslinkprensa@gmail.com

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