F.A.Q. sobre los efectos de la nulidad del decreto 4444 sobre el aborto legal y seguro en Colombia

Aclaraciones sobre los efectos del decreto 4444 sobre el aborto legal y seguro en Colombia. from Women’s Link Worldwide on Vimeo.

Recientes declaraciones de funcionarios públicos como la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos y la vicepresidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso han generado confusión con respecto al derecho al aborto legal, libre y seguro en Colombia.

A continuación aclaramos algunas dudas al respecto:

  1. ¿La anulación del Decreto 4444 de 2006 por parte del Consejo de Estado revoca la sentencia de la Corte Constitucional C-355 de 2006 que reconoció el derecho al aborto en Colombia en tres circunstancias?

NO. La decisión del Consejo de Estado se refiere a un decreto reglamentario que se expidió después de la sentencia C-355 de 2006 y solo se ocupa de un aspecto formal (el decreto debía decir que se regulaba el servicio de aborto legal de acuerdo a la ley 100 de 1993 y no solamente de acuerdo a la C-355/06) y no a un asunto de fondo.

Además, en Colombia, el máximo tribunal en asuntos constitucionales es la Corte Constitucional y sus decisiones no pueden ser revisadas por otras Cortes.

  1. ¿Las mujeres colombianas deben pagar ahora por los servicios de aborto legal, seguro y oportuno?

NO. La Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006, que está plenamente vigente, señaló explícitamente que las mujeres tienen derecho a acceder a un aborto legal cualquiera que sea el tipo de afiliación a la seguridad social que tengan y con independencia de su capacidad de pago.

  1. ¿Para acceder a un aborto legal es necesario presentar una acción de tutela?

NO. La Corte Constitucional, en sentencias T-988 de 2007, T-209 de 2008, T-946 de 2008, y T-388 de 2009, sentencias plenamente vigentes y que no se ven afectadas por la decisión del Consejo de Estado, indicó que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) deben garantizarse de manera real y oportuna.

Esto quiere decir que las mujeres colombianas pueden solicitar, sin necesidad de una acción de tutela, los servicios de aborto legal, seguro y oportuno. La tutela es un mecanismo extraordinario para la protección de derechos y no es requisito para acceder a un servicio que por mandato constitucional y legal debe prestar obligatoriamente el Estado colombiano.

  1. ¿Los servicios de aborto legal quedan por fuera del Plan Obligatorio de Salud?

NO. La decisión del Consejo de Estado no afecta en ningún momento las decisiones de la Comisión de Regulación en Salud de incluir la Aspiración Uterina y el Misoprostol (respectivamente un procedimiento y un medicamento indicados por la Organización Mundial de la Salud para realizar abortos seguros). Estas decisiones se encuentran en los Acuerdos 029 del 2011 y 034 del 2012, y están plenamente vigentes.

En la sentencia T-585 de 2010 la Corte aclaró que la suspensión del decreto 4444 de 2006 (decretada el 15 de octubre de 2009 por la magistrada Rojas Lasso) no afecta la decisión de incluir la atención en aborto legal en el Plan Obligatorio de Salud  pues esta decisión se fundamenta en la Ley 100 de 1993, plenamente vigente.

  1. ¿Es indispensable una reglamentación para exigir un aborto legal, seguro y oportuno?

NO. La Corte Constitucional en la sentencia C-355 del 2006 fue clara en señalar que no hace falta una reglamentación para exigir de manera inmediata un aborto legal, seguro y oportuno.

        6. Con la anulación del Decreto 4444 de 2006, ¿las clínicas y hospitales pueden objetar conciencia?

NO. El Decreto 4444 de 2006 no cambia el carácter absolutamente personal de la objeción de conciencia como lo reconoció la Corte Constitucional en las sentencias C-355 de 2006 y T-388 de 2009. Además, la objeción de concienciasolamente puede ser presentada por el personal médico que realiza directamente la intervención médica necesaria para interrumpir el embarazo.

No se puede desinformar ni especular sobre los derechos fundamentales de las ciudadanas a partir de una nulidad cuyas causas fueron meramente formales.

La sentencia T-627 de 2012 de la Corte Constitucional dijo clara y explícitamente que los funcionarios públicos no pueden difundir información errónea sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Para leer completa la sentencia de nulidad del decreto 4444 haga click aquí.

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