Discurso de Roberto Cuellar, Director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el Día de la Mujer.

Discurso de Roberto Cuellar, Director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el Día de la Mujer. 8 de marzo de 2013.

Muy buenos días.

Estoy muy agradecido y honrado de encontrarme hoy aquí, frente a esta honorable sala, en un día tan significativo como este. Creo que la sala de este tribunal es un buen lugar para celebrar este día, porque la lucha de las mujeres, en distintas partes del mundo y desde distintas posturas, ha sido en gran medida una lucha por derechos. O mejor aún, una lucha por el derecho a tener derechos. Por eso digo, que esta sala – la del Tribunal Supremo y Constitucional – me parece un lugar cargado de significado, en este día, lo que me lleva a invitarles no a que escuchen un discurso por mi parte, sino a reflexionar conmigo sobre cuál es el papel que han tenido y que tiene actualmente los tribunales en la promoción de los derechos de las mujeres, es decir, de la igualdad.

Pero antes, quiero comenzar esta reflexión recalcando la importancia de esta fecha. Porque el 8 de marzo, como todas las fechas que conmemoran luchas sociales, se encuentra vinculado a preguntas y debates profundos, que ponen en cuestión, o mejor aún, en jaque permanente, la manera en que organizamos nuestras sociedades, nuestros recursos de todo tipo; la manera en que asignamos valor: cultural, social, económico o de cualquier otro tipo.

Con esto lo que quiero decir, es que el día internacional de la mujer no es sólo la fecha que conmemora la extraordinaria lucha de las mujeres por ser reconocidas y tratadas como humanas. Como seres humanos completos y dignos, capaces de tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo, sexualidad, situación económica, vida personal, laboral. Sino que además, es también – y como bien lo han dejado claro los movimientos de mujeres -, un recordatorio permanente de que esta es una lucha inacabada, de que apenas comienza, de que es una lucha colectiva y un pacto que requiere de renovación permanente porque no se trata sólo de los derechos de las mujeres. De lo que se trata, es de la defensa de los derechos humanos y la justicia distributiva en nuestros países.

Los avances han sido muchos. En el transcurso de una generación hemos sido testigos de una importante transformación en relación a los derechos de las mujeres, lo que implica que hoy a nivel mundial: 139 constituciones consagran la igualdad de género, 125 países proscriben la violencia doméstica, al menos 117 tienen leyes de remuneración paritaria, 173 garantizan la licencia de maternidad con goce de sueldo y 117 prohíben el acoso sexual en el lugar de trabajo. Las mujeres gozan de igualdad de derechos para poseer una propiedad en 115 países y en 93 tienen derechos de herencia igualitario. Estos logros representan la extraordinaria reivindicación de la dignidad de las mujeres que ha sido obtenida gracias a la fortaleza, la capacidad organizativa y el liderazgo de las propias mujeres, que han puesto en evidencia no sólo la desigualdad sino las vías para superarla.

Sin embargo, pese a las victorias logradas en materia de igualdad formal y garantías legales, las mujeres continúan privadas de recursos económicos y de acceso a servicios públicos esenciales. Así mismo, se les niega el control sobre su cuerpo, la participación en la toma decisiones y se les niega protección frente a la violencia. Más de la mitad de las mujeres que trabajan en todo el mundo tienen empleos vulnerables e inseguros, más de una tercera parte de las jóvenes se casa antes de los 18 años de edad, perdiendo la oportunidad de obtener educación y quedando expuestas a los riesgos de embarazos precoces. No se puede dejar de mencionar que 11 países en las Américas y el Caribe criminalizan a las mujeres por la transmisión de VIH/SIDA, y en 3 países concretos: Chile, El Salvador y Nicaragua se les condena penalmente por practicarse abortos para salvar su propia vida y proteger a sus familias.

En ese sentido, no podemos olvidar que la pobreza, la violencia, la desigualdad son la regla en nuestras sociedades pero que son las mujeres y las niñas las más pobres entre los pobres, las que tienen menores oportunidades de acceder a la educación en todos sus niveles y a todos los servicios de primer orden. Son además las víctimas mayoritarias de la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la trata de seres humanos; y su participación en los centros de toma de decisión (públicos y privados) continúa siendo minoritaria… en ocasiones incluso anecdótica.

Enfrentar esta situación sangrante es un reto para todos y todas. Resolverlo… es esencial para generar las condiciones que nos permitan alcanzar la paz, disminuyendo la violencia; el bienestar, erradicando la pobreza y la marginalidad; y la felicidad, permitiendo que cada ser humano pueda escribir y dirigir su propio proyecto de vida libre de humillaciones.

No me crean ingenuo, soy consciente de que esta es una tarea difícil que requiere subvertir y modificar patrones culturales, tradiciones, imaginarios fuertemente arraigados en nuestras sociedades. Pero no por esto es imposible, muy por el contrario, estoy firmemente convencido de que es posible y más aún, de que como señalé, los grandes avances de que somos testigos nos demuestran que estamos en camino.

Así que vuelvo al tema central de mi reflexión de este día: cómo contribuyen los tribunales y de manera particular los jueces y juezas en esta tarea. Pues la labor de Ustedes es y ha sido decisiva. Al final no podemos desconocer que los discursos jurídicos plasmados en los desarrollos jurisprudenciales contribuyen a definir identidades y a construir subjetividades. Reconocer a alguien o grupo como “sujeto o sujetos de derecho” genera efectos simbólicos con repercusiones concretas en la vida de las personas, tal y como lo pretendo evidenciar con algunos casos concretos que citaré más adelante. Son Ustedes como jueces los que llenan de contenido y significado la palabra de la ley. En otras palabras, en sus manos está la posibilidad de reconocer los derechos humanos de las niñas y mujeres como imperativo para garantizar la igualdad en condiciones de justicia social en Costa Rica.

A continuación, quiero avalar esta afirmación que acabo de realizar acerca del papel de los jueces, presentándoles, a manera de inspiración, unas pocas decisiones judiciales emblemáticas y de vanguardia dictadas por tribunales nacionales de la región Americana, que han permitido avanzar en materia de equidad de género. Estas decisiones han incorporado los estándares internacionales de derechos humanos desarrollados a nivel regional e internacional.

Así, por ejemplo:

• Los jueces de la Corte Suprema de Argentina, en el caso F.A.L., sostuvieron que el principio de dignidad humana hace que el Estado no pueda exigir conductas heroicas, como supondría obligar a una mujer que fue violada llevar a término un embarazo, indicando al mismo tiempo al gobierno que la política criminal debe limitar el alcance del castigo penal y permitir a toda mujer víctima de violación acceder al aborto como un derecho.

• La Corte Constitucional del Perú, en una muy reciente sentencia reconoce a los jóvenes de entre 14 y 18 años como sujetos de derechos capaces de tomar decisiones autónomas, informadas y libres en relación con su sexualidad; y declara inconstitucional la disposición del código penal que desde 2006 impedía a los jóvenes entre 14 y 18 años el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, hasta el extremo de que no podían reconocer legalmente a sus hijos y eran considerados delincuentes si decidían voluntariamente ejercer su sexualidad. Invocando la Convención sobre los Derechos del Niño, los jueces constitucionales peruanos afirmaron que el Estado debe reconocer a los niños, niñas y adolescentes como protagonistas activos de sus propias vidas y protegerlos, de acuerdo a su situación de vulnerabilidad y desarrollo, sin menoscabar sus derechos fundamentales.

• El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México declaro, también en una reciente decisión sobre cuotas electorales de participación femenina, que la búsqueda de la igualdad formal y material entre mujeres y hombres es “piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos” y que bajo este principio los Estados se encuentran comprometidos a garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.

• El Tribunal Constitucional de Bolivia ha mantenido de manera reiterada en su jurisprudencia más reciente la prohibición de la discriminación contra personas con VIH/SIDA.

• Los tribunales de Guatemala y Argentina se encuentran actualmente juzgando los crímenes internacionales de genocidio, lesa humanidad y tortura cometidos durante la guerra civil y la dictadura, respectivamente, y han incluido la persecución y sanción de los delitos de violencia sexual y violación como tortura específicamente ocurridos contra las mujeres y las niñas.

Esta misma Corte Suprema de Costa Rica, es un ejemplo de protección de los derechos de las mujeres. Este tribunal ha defendido:

• Que un reglamento penitenciario que prohíbe las visitas conyugales para parejas del mismo sexo es inconstitucional porque vulnera la prohibición de la discriminación.

• Que el derecho a la maternidad de las mujeres privadas de libertad es esencial y no debe ser suprimido bajo ninguna circunstancia y el Estado debe facilitar que los niños y niñas habiten con sus madres en centros carcelarios en condiciones aptas y adecuadas.

• Que la equidad de género en la representación política no significa solamente cuotas al momento de listar candidatas, sino que también se refiere al logro de la igualdad en el resultado, señalando en su sentencia la histórica discriminación enfrentada por las mujeres en las diferentes esferas sociales y la necesidad de poner en marcha acciones positivas para garantizar la efectiva igual de oportunidades entre hombres y mujeres en la participación política.

Podría citar muchos más ejemplos de sentencias judiciales que han contribuido en el avance hacia la igualdad sustantiva, real, concreta entre mujeres y hombres, pero temo perder la atención de la Sala y además creo que son suficientes para ilustrar el protagonismo de los jueces y su importancia cardinal en la defensa y protección de los derechos humanos.

Así que, ahora sólo les pido unos minutos más para añadir que, en las últimas décadas, a esta labor de los jueces nacionales se ha unido la labor de los jueces internacionales y del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en general. Es indudable que jueces nacionales e internacionales se miran y nutren mutuamente en la búsqueda de interpretaciones del derecho amplias, protectoras, respetuosas de las diferencias.

Al igual que con la jurisprudencia nacional, no puedo hacer aquí un recuento exhaustivo de la jurisprudencia interamericana. A lo largo de su historia, Comisión y Corte interamericana, han fijado los estándares de derechos humanos que deben tener en cuenta los Estados en relación con la violencia doméstica, la violencia sexual, el derecho a la maternidad segura, a la igualdad en la participación política o en las relaciones familiares, en el derecho a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva y en el acceso a la justicia para las mujeres, por mencionar sólo los más relevantes.

Ahora bien, si me paree necesario, por el lugar en que me encuentro, no dejar de mencionar la reciente sentencia que todos conocemos en el caso Artavia. Este fallo constituye el inicio de una nueva era en la protección de los derechos sexuales y reproductivos en la región americana. Por primera vez y de manera expresa, la Corte Interamericana aclara que la vía jurídica para proteger la vida del no nacido es brindar protección a la mujer embarazada, quien es el objeto directo de protección constitucional. A su vez, la sentencia afirma el derecho que tenemos todos los seres humanos de gozar de los beneficios de los avances científicos, entendido este como un derecho humano. En los tiempos en que vivimos, en donde la ciencia y la tecnología parecen correr delante de nosotros, poniendo a prueba todos nuestros paradigmas éticos, esta sentencia abre camino mostrando cómo es posible interpretar y entender el derecho como una construcción social viva, que se adapta, crece y puede responder a las necesidades de nuestro presente, por complejo que este sea.

Todas estas victorias en derechos, obtenidas a través de los tribunales, creo que dan cuenta del papel fundamental que han tenido los jueces en el avance de los derechos de las mujeres y explican en parte, el cada vez mayor protagonismo de la judicatura (nacional e internacional) como espacio válido de reivindicación… como lugar desde donde es posible impulsar cambios sociales que avancen en el reconocimiento y en la justicia distributiva.

Estas últimas décadas así lo han atestiguado, con la cada vez mayor judicialización de las luchas por los derechos. Ciudadanos en distintas partes del mundo han volteado su mirada hacia los tribunales pidiendo justicia y ya no sorprende ver como los jueces y juezas deciden sobre multiplicidad de temas que tradicionalmente eran considerados como competencia exclusiva de las legislaturas o del gobierno. Así, hemos presenciado importantes cambios en materia de política pública impulsados por sentencias judiciales. Por ejemplo, en Sudáfrica, para garantizar a madre seropositivas el acceso a medicamentos para evitar la transmisión del VIH; en la India para garantizar servicios de salud materna de calidad que eviten las muertes innecesarias relacionadas con el embarazo y el parto; en Colombia para garantizar el derecho a la salud, el empleo, la educación y la seguridad de las mujeres y las niñas desplazadas mayoritarias por el conflicto armado interno; en México y Argentina, para afirmar el derecho al matrimonio igualitario.

Ahora bien, este panorama positivo y alentador no debe permitir que obviemos y que reconozcamos, que el derecho puede ser interpretado y utilizado para invisibilizar la desigualdad social, económica y política, o peor aún para mantenerla y legitimizarla. Es un discurso poderoso: que puede tanto emancipar, como perpetuar la servidumbre. Reconocerlo, nos permite permanecer alerta frente a su uso como medio para perpetuar estereotipos o prejuicios de cualquier clase. Un riesgo, que los jueces, más que cualquier otro operador jurisdiccional deben reconocer para poder evitar y superar.

Pero hoy, 8 de marzo, día internacional de la mujer, quiero terminar mi reflexión con una nota positiva y alentadora, afirmando los logros y no los retrocesos, en la lucha por la igualdad de la mujer, aunque como dije al principio, no creo que debamos olvidar que nos falta mucho, demasiado camino por delante.

Estando de pie en esta Sala, en donde las palabras del art. 33 Constitución de CR resuenan: “Todo hombre [y mujer] es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”, celebro las conquistas que si hemos alcanzado, los derechos y las libertades protegidas, las demandas de justicia satisfechas. Y, como jueces, los exhorto a mantener y renovar su pacto para con la defensa de los derechos de las mujeres, que es, en fin, la defensa del valor más fundamental de todos, el de la dignidad humana.

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