Todas tenemos derecho a saber

“No la podemos atender porque usted no tiene con qué pagar”

                                                                                           “Usted verá si se arriesga a morir durante el aborto”       

                                                                  

Las anteriores son frases reales que varias mujeres colombianas víctimas de violencia sexual o que han solicitado una Interrupción Voluntaria del Embarazo han tenido que oír por parte de algunos y algunas profesionales de la salud y personal sanitario que las recibe, las trata o está encargado de brindar la atención posterior a los procedimientos médicos.

OMS. Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud, 2012.


OMS. Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud, 2012.

Se trata de expresiones con las que me he encontrado cotidianamente a lo largo de mi experiencia como abogada de Women’s Link encargada de la línea de derechos sexuales y reproductivos para Colombia. Ya que en mi trabajo acompaño a mujeres que solicitan directamente atención sanitaria, es frecuente encontrarme con historias como éstas, o con profesionales de la salud que asisten a estas mujeres y me cuentan que se sienten indignados por el comportamiento antiético e ilegal de algunos de sus colegas.

Desafortunadamente, esta forma de violencia en el sistema de salud, que atenta contra la dignidad de las mujeres, no es excepcional. Más bien se trata de una práctica común cuando se trata de la prestación de servicios en salud sexual y reproductiva, que tiene un impacto sobre la vida cotidiana de las mujeres y sobre sus derechos, como en el caso de Carolina, víctima de violencia sexual a quien el personal sanitario no atendió oportunamente ni le dio información veraz sobre los servicios de salud a que tenía derecho.

Carolina

Conocí la situación de Carolina[1] en 2010. Se trataba de una mujer de escasos recursos económicos, habitante de una zona rural en una región de difícil acceso de Colombia, víctima de desplazamiento forzado, y con varios hijos a su cargo como madre cabeza de familia. Cuando Carolina fue violada en el camino a su casa, decidió buscar ayuda en centro sanitario más próximo, que en su caso implicaba varias horas de camino. Cuando al fin logró llegar al hospital y solicitó atención médica, la profesional de la medicina que la atendió y que también ejercía un cargo administrativo en el hospital, le dijo que no podía brindarle atención de ningún tipo porque no tenía con qué pagarla. Carolina se sintió aterrada, porque en efecto, no tenía con que pagar una atención médica, pero consideraba que la requería después de la violación; además estaba sola en un lugar que era desconocido para ella.

Afortunadamente Carolina se encontró con un profesional de la medicina de un organismo humanitario presente en la zona y le comentó la situación. Este profesional, con la certeza de que en Colombia la atención a las víctimas de violencia sexual es gratuita por mandato de la ley[2], y con mi asistencia técnica vía telefónica, acompañó a Carolina al hospital para exigir la atención a que tenía derecho.

El caso de Carolina ejemplifica claramente una situación frecuente para las mujeres que requieren servicios de salud sexual y reproductiva y han sido víctimas de violencia sexual: además de la vulneración de todos sus derechos producto de la violación, son sometidas a la violencia del sistema de salud y a la violación de varios de sus derechos por el personal sanitario. Carolina fue víctima de una violación de derechos humanos por el personal sanitario porque no se garantizó su derecho a la dignidad, a estar libre de violencia, a la salud, y  a la información.

Tenemos derecho a recibir información veraz e imparcial: sólo así podemos tomar decisiones verdaderamente libres

Aunque podría referirme a cómo fueron violados otros de sus derechos, me voy a detener en el derecho a la información porque es uno de los menos conocidos y exigidos por las mujeres, y porque desafortunadamente, es uno de los más vulnerados en la atención en salud, especialmente cuando se trata de atención en salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas.

 

Todas las personas tenemos derecho a acceder a la información en poder del Estado, a comunicar, emitir, difundir y transmitir información, a buscar o investigar la misma, y a recibir información que cumpla ciertos estándares de calidad: veracidad e imparcialidad y que quien la dé la separe claramente de sus opiniones[3].

Es esencial recibir información veraz e imparcial, especialmente en temas que afectan el ejercicio de los derechos, como en el caso de la salud, ámbito en donde la falta de información, la provisión de una de tipo falaz o tergiversada, o el hacer pasar una opinión personal como si se tratara de información científica, pueden tener un impacto muy grave sobre la vida e integridad personal.

Ya que el ejercicio de la medicina y la prestación de atención en salud, se basa entre otros principios, en el de la autonomía, la decisión acerca de cuál de las opciones que le ofrece el personal médico es la más adecuada para sí, es únicamente de quien se someterá a un tratamiento o procedimiento. Esto quiere decir que para poder decidir de forma verdaderamente libre, el personal médico debe entregar toda la información que requiera su paciente en torno a su salud. No se respeta el ámbito de la autonomía de una paciente cuando se le entrega información falaz, tergiversada, se le niega la información o en lugar de ella le engaña, disfrazando opiniones personales como si se tratara de información.

En los ámbitos de la salud sexual y reproductiva, ha sido particularmente difícil para las mujeres y niñas, acceder a la información confiable, completa y oportuna[4] necesaria para tomar decisiones por sí mismas, sin imposiciones, injerencias o coacción de terceros, por lo que el rol del personal sanitario resulta fundamental.

Igualmente, el Estado no puede tomar medidas que impliquen la persecución del personal sanitario por proveer información en materia de salud sexual y reproductiva o que impidan a éstos proveerla por temor a sanciones administrativas y/o penales.

La provisión de información falsa o tergiversada, o la conducta de hacer pasar opiniones personales como si se tratara de información veraz e imparcial, tiende a ser especialmente común en la prestación del servicio de salud sexual y reproductiva, y particularmente en la provisión de servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Es por ello que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la  Salud recomendó a los Estados despenalizar la provisión de información sobre salud sexual y reproductiva, formular políticas para garantizar que las leyes penales no fueran aplicadas de forma tal que restrinjan el acceso a información o castiguen a aquellos que proveen información basada en evidencia científica sobre salud sexual y reproductiva, y asegurar que la información acertada y basada en evidencia sobre el aborto y su estatus legal está disponible de forma pública y que los profesionales sanitarios están al tanto de las normas relativas al aborto[5].

La información incorrecta que el profesional de la medicina le dio a Carolina, aunque retrasó la prestación de la atención en salud física y mental, no implicó un perjuicio definitivo para ella, gracias a que contó con la suerte de encontrar al profesional de la medicina del organismo humanitario que no sólo la informó sobre la atención a que tenía derecho, sino que la acompañó a exigir la misma. Sin embargo, la garantía del derecho a la información y el cumplimiento del principio ético de la autonomía que obliga a proveer información correcta, completa y oportuna a los pacientes, no puede depender de la suerte. Por el contrario, debe ser una práctica cotidiana en los servicios sanitarios, para precisamente garantizar el derecho a la vida, a la integridad y a la salud, que son los fines principales de la profesión médica.

La garantía del derecho a la información no sólo corresponde a los profesionales sanitarios, sino también a los funcionarios públicos, por ser garantes de nuestros derechos humanos. Por esta razón la Corte Constitucional de Colombia protegió el derecho a la información [6] en derechos sexuales y reproductivos que estaba siendo vulnerado por algunos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación en relación con la educación sexual, la anticoncepción oral de emergencia y la Interrupción Voluntaria del Embarazo – IVE. Este caso llevado ante la Corte por 1280 mujeres colombianas, entre ellas yo, y promovido desde Women’s Link Worldwide, es el primer antecedente de exigibilidad de este derecho ante tribunales en la región y se constituye en una herramienta que será de gran utilidad para consolidar su garantía.


[1] El nombre ha sido cambiado para proteger la confidencialidad de la mujer.

[2] Ley 360 de 1997, artículo 15; Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Protección Social, artículo 13; Ley 1146 de 2007, art. 8; Resolución 000459 de 2012 del Ministerio de Protección Social.

[3] Ver al respecto: Colombia. Corte Constitucional, Sentencia T – 627 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto. Resumen analítico disponible en: http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=observatorio&id_decision=459

[4] CIDH, Acceso a la Información en Materia Reproductiva desde una Perspectiva de Derechos Humanos, 2011, párr.. 26

[5] Asamblea General de las Naciones Unidas, Interim report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, A/66/254, 3 de agosto de 2011.

[6] El Procurador General de la Nación, uno de los demandados en este caso, solicitó la nulidad de la sentencia de la Corte Constitucional. La presentación de esta solicitud no afecta la efectividad y obligatoriedad de esta sentencia.

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